Delaware avanza una ley para prohibir los cajeros ATM de criptomonedas

Delaware avanzó una propuesta legislativa que podría eliminar por completo los cajeros automáticos de criptomonedas dentro de su territorio. La iniciativa, identificada como la Ley de la Cámara 441, fue promovida por la representante Cyndie Romer y el senador Spiros Mantzavinos, y busca prohibir la instalación, propiedad y operación de todos estos equipos a nivel estatal. La medida apunta a un segmento del ecosistema cripto que, según reguladores y legisladores, se ha convertido en una vía frecuente para cometer fraudes. En términos prácticos, si la norma termina convertida en ley, los kioscos existentes tendrían que dejar de funcionar de inmediato y ser retirados físicamente en un plazo de 90 días. La discusión ocurre en un momento de mayor presión política y regulatoria sobre este tipo de máquinas en Estados Unidos. Aunque los cajeros de criptomonedas nacieron como una forma de acercar bitcoin y otros activos digitales al público general, con el tiempo también han quedado bajo la lupa por su uso en esquemas de engaño, sobre todo contra personas mayores. De acuerdo con información citada por BeInCrypto, la urgencia del debate en Delaware se apoya en cifras federales recientes. El Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI reportó más de 13.400 denuncias relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas durante 2025, con pérdidas totales superiores a USD $388 millones.

Las cifras que impulsan la ofensiva en Delaware

Esos datos reflejan un deterioro acelerado frente al año anterior. Las quejas aumentaron 23% interanual, mientras que las pérdidas crecieron 58%, una señal de que el problema no solo se expandió en cantidad de casos, sino también en gravedad económica para las víctimas. En Delaware, el impacto local también resultó significativo. Durante el año pasado, los residentes presentaron 181 denuncias relacionadas con criptomonedas y 255 denuncias vinculadas con billeteras digitales, para pérdidas combinadas cercanas a USD $26,9 millones. Un dato especialmente sensible para los legisladores es el perfil de quienes resultaron afectados. Más de la mitad de esas denuncias provinieron de personas mayores de 50 años, un grupo que con frecuencia aparece entre los más vulnerables a campañas de ingeniería social, llamadas fraudulentas y mensajes de urgencia vinculados con supuestos pagos o rescates. Ese patrón ayuda a explicar por qué el debate se ha centrado menos en la innovación financiera y más en la protección del consumidor. Para los impulsores del proyecto, el problema no se limita al uso legítimo de estos equipos, sino a la facilidad con la que pueden integrarse en esquemas de extorsión y fraude. Romer expresó esa postura con dureza. La legisladora afirmó que estos cajeros “reducen la moneda digital a un atraco depredador” y sostuvo que no existe razón para respaldar una estructura empresarial que permite a los estafadores extorsionar dinero de poblaciones vulnerables. Además del argumento de seguridad, Romer cuestionó la utilidad económica de estos equipos para usuarios habituales del mercado cripto. Señaló que las comisiones pueden alcanzar hasta 20% por transacción, muy por encima de los rangos observados en exchanges en línea, donde los costos suelen ubicarse entre 0,4% y 1%.

Cómo se insertan los cajeros cripto en el debate regulatorio

Los cajeros automáticos de criptomonedas permiten comprar, y en algunos casos vender, activos digitales mediante efectivo o tarjetas. Para muchos usuarios novatos, han representado una puerta de entrada sencilla al sector, sobre todo en zonas con menor bancarización o entre personas que prefieren interfaces físicas antes que plataformas digitales complejas. Sin embargo, ese mismo acceso simplificado también ha sido aprovechado por redes de estafa. Un mecanismo común consiste en que delincuentes se hacen pasar por funcionarios, agentes de soporte técnico o representantes de instituciones, y ordenan a la víctima depositar dinero en un cajero cripto como solución urgente a un supuesto problema legal o financiero. La naturaleza irreversible de muchas transacciones en blockchain complica después la recuperación de fondos. Cuando el dinero ya fue convertido y enviado a direcciones controladas por los estafadores, el margen de respuesta se reduce y la trazabilidad no siempre se traduce en restitución para la persona afectada. Por eso, varios estados han optado por intervenir. Delaware no sería una excepción aislada, sino parte de una tendencia más amplia. Aproximadamente 30 estados han aprobado legislación relacionada con cajeros de criptomonedas desde 2023, lo que muestra un cambio regulatorio sostenido en torno a este segmento. Dentro de ese grupo, Indiana y Tennessee ya promulgaron prohibiciones integrales. La propuesta de Delaware, por tanto, se ubica dentro del ala más restrictiva de la política pública, aquella que no busca solo imponer límites o requisitos adicionales, sino sacar completamente estos equipos del mercado local.

Un sector bajo presión en Estados Unidos y fuera del país

El endurecimiento normativo ya ha tenido efectos visibles sobre la industria. Bitcoin Depot, que en su momento fue el mayor operador de cajeros de criptomonedas en Estados Unidos, solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en mayo y retiró su red, citando prohibiciones estatales y un entorno de litigios en aumento. El frente judicial también se ha ampliado. En Missouri, el operador CoinFlip fue demandado por presuntamente facilitar fraude, en otro indicio de que el modelo de negocio de estos equipos enfrenta cuestionamientos que van más allá de la regulación administrativa. La presión no se limita al mercado estadounidense. Canadá también propuso una prohibición nacional en su Actualización Económica de Primavera de 2026, lo que refuerza la idea de que el escrutinio sobre los kioscos cripto ya forma parte de una conversación regulatoria de alcance internacional. Para el ecosistema cripto, este giro deja una señal ambigua. Por un lado, subraya los riesgos reales asociados a ciertos puntos de acceso minorista. Por otro, reabre el debate sobre si la respuesta adecuada debe ser una prohibición total o una regulación más estricta enfocada en controles de identidad, límites de transacción y prevención de fraude. En el caso específico de Delaware, el texto de la HB 441 contempla consecuencias directas para los operadores. Si estos llegaran a recaudar comisiones derivadas de transacciones consideradas ilegales, podrían enfrentar obligaciones de reembolso o la confiscación de esos fondos para un fondo estatal. Ese diseño busca elevar el costo de mantener o explotar estas máquinas en el estado. También transmite un mensaje político claro: las autoridades no quieren que los riesgos del fraude recaigan exclusivamente sobre los usuarios, sino que pretenden trasladar parte de la responsabilidad económica a quienes administran la infraestructura.

Qué sigue para la HB 441

Tras avanzar en el proceso legislativo, la propuesta ahora se dirige al Senado. El futuro de la norma dependerá de la próxima sesión de esa cámara y de si logra reunir el respaldo suficiente para completar el trámite. Si Delaware termina aprobando el proyecto, se convertiría en otro estado en adoptar una prohibición total de cajeros de criptomonedas. Dado el contexto actual, una decisión de ese tipo podría influir en otros debates regulatorios dentro de Estados Unidos, en especial en jurisdicciones donde el fraude asociado a estos equipos también viene creciendo. Más allá del resultado final, el caso ilustra una tensión central para la industria de los activos digitales. La promesa de acceso abierto e innovación sigue chocando con los problemas de protección al consumidor, cumplimiento normativo y abuso de herramientas diseñadas para facilitar transacciones. En esa disputa, los cajeros cripto se han convertido en un símbolo incómodo. Para algunos, representan inclusión y conveniencia. Para otros, son una pieza débil del sistema que hoy funciona como canal para pérdidas millonarias y fraudes dirigidos a los sectores más vulnerables. El desenlace en Delaware será observado de cerca por legisladores, operadores y usuarios. No solo porque definirá el futuro de estos equipos en el estado, sino porque puede anticipar el tono de una nueva fase regulatoria para la infraestructura física del mercado cripto.

Imagen editada de Unsplash. Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

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