Un nuevo escándalo sacude al ecosistema cripto y a las instituciones estadounidenses. Un investigador de blockchain reveló que el presunto responsable del robo de más de $40 millones en criptomonedas desde billeteras controladas por el gobierno de Estados Unidos sería el hijo de un ejecutivo de una empresa contratada para custodiar estos activos.
El caso expone no solo posibles vulnerabilidades técnicas, sino también eventuales conflictos de interés en la gestión de fondos digitales incautados por las autoridades. A continuación, los detalles clave de una investigación que ya genera inquietud interna.
El vínculo familiar detrás del robo en criptomonedas y la investigación de ZachXBT
La investigación realizada por ZachXBT identificó a un individuo conocido como «Lick», cuyo nombre real es John Daghita, como presunto responsable del desvío de decenas de millones de dólares desde billeteras gubernamentales.
El dato más llamativo es su vínculo familiar. Daghita es hijo de Dean Daghita, presidente de Command Services & Support (CMDSS), una empresa con sede en Virginia que desde octubre de 2024 mantiene un contrato con el Servicio de Alguaciles de EE.UU. para custodiar y gestionar criptomonedas incautadas, en particular aquellas que no cotizan en exchanges tradicionales.
Hasta el momento, las acusaciones no han sido formalizadas ante los tribunales y no se han presentado cargos oficiales. Sin embargo, la investigación generó preocupación tanto por el volumen del presunto fraude como por el trasfondo familiar que involucra a actores clave del esquema de custodia digital gubernamental.
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Así se rastreó el flujo de fondos robados
El caso salió a la luz tras una discusión registrada en un grupo de Telegram, donde «Lick» compartió su pantalla mostrando una wallet Exodus con una dirección en Tron que contenía $2.3 millones en criptomonedas, junto con una transferencia en tiempo real de $6.7 millones en ETH hacia otra dirección. Durante esa sesión, se consolidaron aproximadamente $23 millones en una sola billetera.
3/ In part 1 of the recording Dritan mocks John however John screenshares Exodus Wallet which shows the Tron address below with $2.3M:
— ZachXBT (@zachxbt) January 23, 2026
TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg pic.twitter.com/jvcjIVEpaE
Al rastrear el origen de los fondos, ZachXBT detectó que una de las direcciones receptoras había recibido cerca de $25 millones desde una billetera gubernamental estadounidense en marzo de 2024.
Dichos fondos provenían de activos incautados tras el histórico hackeo de Bitfinex ocurrido en 2016. En octubre de 2024, el investigador ya había advertido sobre un drenaje previo de $20 millones desde billeteras bajo control estatal.
Si bien la mayor parte de los fondos fue devuelta en un plazo de 24 horas, alrededor de $700.000 en criptos no pudo ser recuperado tras pasar por servicios de intercambio instantáneo.
Dudas y escrutinio sobre los contratos de custodia
La empresa CMDSS, encargada de la custodia de estos activos digitales, ya había sido objeto de críticas cuando obtuvo el contrato federal, imponiéndose sobre competidores como Wave Digital Assets.
Esta última presentó una protesta formal ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), alegando que CMDSS carecía de licencias adecuadas y que existía un posible conflicto de interés, dado que la compañía empleaba a un exfuncionario del Servicio de Alguaciles con acceso a información sensible. No obstante, el GAO desestimó las objeciones tras concluir que el proceso de selección había sido razonable.
Además, un informe publicado por CoinDesk en febrero de 2025 expuso deficiencias estructurales en la gestión de criptoactivos incautados por el gobierno estadounidense. Entre ellas, se mencionan la ausencia de controles de inventario robustos y el uso de hojas de cálculo rudimentarias para registrar las tenencias de BTC.
En conjunto, este episodio pone en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y la transparencia en la administración de criptomonedas incautadas por el Estado. En especial, cuando la combinación de infraestructura blockchain y factores humanos introduce nuevos riesgos, amplificados por posibles conflictos de interés y vacíos regulatorios.
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