El gobierno de Paraguay ha estado cocinando a la industria de Bitcoin a fuego lento. Ello no quiere decir que la cocción haya sido homogénea; a veces suben el fuego como si quisieran quemarse a lo Nerón y expulsar a todas las empresas que han invertido en el país. La inconstancia es enemiga de los negocios.
La historia de Bitcoin en Paraguay, al menos la reportada en CriptoNoticias, comienza en 2018 con incautaciones de mineros calificadas como irregulares. También, en ese mismo año empresarios paraguayos difundían el potencial de Paraguay para minar por su excedente eléctrico. Incluso, en 2019, la Administración Nacional De Electricidad (ANDE) ofrecía publicamente excedente eléctrico a mineros extranjeros.
Pero el mayor giro llego en 2021. Cuando algunos diputados como Carlos Rejala prometían “bitcoinizar” Paraguay al estilo El Salvador, el país se convirtió en un imán para mineros y bitcoiners. Después de la expulsión masiva de mineros de China, Paraguay se posicionó como destino prometedor gracias a la energía hidroeléctrica de las plantas de Itaipú y Yacyretá. Llegaron inversiones millonarias, incluyendo Bitfarms, y se hablaba de hacer de Bitcoin moneda de curso legal.
Todo parecía perfecto: electricidad barata, sistema tributario territorial que no grava ingresos extranjeros y un gobierno que, al menos en papel, quería ser amigo de Bitcoin. Pero el sueño nunca se consolidó. Al menos no con reglas estables.
El proyecto de ley que debía dar certeza jurídica abundaba en multas e impuestos. Fue aprobado en el Congreso, vetado por el presidente (que lo consideró una actividad “transitoria”), rechazado el veto en el Senado… y finalmente archivado por falta de votos. No llegó a existir una regulación clara.
La falta de regulación no impidió que las autoridades condenaran personas por robar electricidad para minar bitcoin, con procedimientos algo sospechosos. Con el cambio de Ejecutivo en 2023 hubo esperanza de que las cosas mejoraran para la industria de Bitcoin. Sin embargo, la falta de reconocimiento legal seguía dificultando necesidades básicas como el acceso a cuentas bancarias para los mineros.
En 2024 la situación era tan ambivalente que, al tiempo que se promovía una ley para prohibir la minería circulaba otra propuesta para que Bitcoin tuviera «curso legal ilimitado». Más adelante ese mismo año, lo que se aprobó fue penar hasta 10 años de cárcel a quienes minaran sin los permisos debidos.
A partir de entonces, se intensificó la cacería, no sin irregularidades. Drones y cámaras térmicas para identificar operaciones de minería. Equipos de bitcoin desapareciendo durante decomisos. Investigaciones a diputados por minería ilegal. Críticas a la fiscalía por no dar el debido proceso a los mineros. Complicidad de los funcionarios de ANDE con las granjas ilegales.
Todo esto sucedía mientras el ministro de Industria y Comercio reconocía que Paraguay ganaba más dinero vendiéndole electricidad a los mineros que a Brasil. Para velar por los intereses de los mineros, nació entonces la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad).
La avanzada del gobierno contra los mineros no fue tan solo contra los mineros ilegales. Tras una subida de 16% en las tarifas eléctricas, los mineros temían que la industria muriera. Diputados calificaron el aumento como un robo a los mineros legales y Capamad proyectaba pérdidas de mil quinientos millones de dólares en inversión y miles de puestos de trabajo por la medida. En efecto, más de 50 empresas comenzaron a migrar a Argentina, Brasil y otros países, buscando «destinos más serios».
A pesar de este contexto, siguieron llegando gigantes de la minería al país, tales como Hive. A quienes espantaban en aquel momento era a su industria local. Para los extranjeros, como decía el ministro de economía, el precio de la electricidad seguía sin ser demasiado alto en comparación con Estados Unidos. Para Hive, que realizó una millonaria expansión en el país, Paraguay seguía ofreciendo facilidades incomparables en la región para la minería.
Y, luego de perseguir mineros, ahora representantes del ANDE incluso asisten a conferencias de activos digitales, afirman que la minería no afecta el suministro eléctrico del país, e incluso ponen a trabajar mineros confiscados. En este contexto, siguieron llegando nómadas digitales bitcoiners y empresas extranjeras a minar en el país, llevando a Paraguay al top 4 de principales mineros globales
Esto porque, además de los bajos costos eléctricos, había algo más que estaba atrayendo a los bitcoiners: los beneficios tributarios de tener una residencia fiscal establecida en Paraguay. El principal gancho del país es su sistema tributario territorial. Esto significa que, con la residencia fiscal, el Estado paraguayo no grava los ingresos generados fuera del país.
Así, por ejemplo, nómadas digitales podían establecer una Sociedad de Responsabilidad Limitada en Estados Unidos que les permitiera facturar a clientes globales, y no pagar impuestos en Paraguay por esos ingresos. Esta es una de las condiciones que peligran hoy en día.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) acaba de publicar la Resolución General N° 47/26: obliga a plataformas y administradores a reportar cada operación con Bitcoin y criptomonedas, incluyendo direcciones de wallets, redes utilizadas y hash de cada transacción. Donaciones, herencias y NFT por encima de 5.000 dólares también entran en la mira. La agencia ya usa herramientas de análisis de contabilidad de criptomonedas para rastrear movimientos privados. El Estado quiere saberlo todo.
Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados aprobó proyectos que exigen al Ministerio de Industria y Comercio y a la ANDE entregar en 15 días el registro completo de mineros, empresas habilitadas y conexiones eléctricas autorizadas.
La Cámara Paraguaya de Blockchain advierte lo que viene: “Todos los contratos, según lo que envía el mensaje del gobierno, es que al 2027 se cierran. No van a renovar. O si renuevan, van a renovar con menos empresas y bajo otro costo». Ricardo Prieto Sosa, su director, lo resume: “¿A quién le damos la energía? ¿A un minero o a una empresa que puede crear mil puestos de trabajo?”.
El resultado es previsible. Si antes las empresas de minería migraron masivamente de Paraguay, ahora tienen nuevas razones para hacerlo. Hive y otras grandes todavía resisten porque la energía sigue siendo competitiva, pero la industria local —la que realmente genera empleo y ecosistema— se ahoga. Los nómadas digitales que llegaron atraídos por la residencia fiscal territorial ahora ven cómo esa ventaja se evapora bajo reportes obligatorios que pronto se convertirán en cargas tributarias.
Paraguay tiene todo para ser un hub de Bitcoin: excedente eléctrico, bajo costo y posición geográfica envidiable. Pero su relación con Bitcoin es exactamente como una pareja tóxica: lo seduce, lo usa, lo castiga y luego se queja cuando el otro se va.
La inconstancia no solo espanta inversión. Le cuesta al país ingresos reales que podrían financiar escuelas, hospitales o infraestructura sin depender de préstamos externos. Paraguay sigue cocinando a fuego lento, subiendo la llama cada vez que un político lo decide y bajándola cuando se da cuenta del daño.
La industria de Bitcoin no pide privilegios. Pide reglas claras, estables y predecibles. Paraguay todavía está a tiempo de elegir: seguir con esta relación tóxica que lo deja con las migajas de su propio potencial, o decidir de una vez si quiere ser un destino serio para Bitcoin o solo otro país que expulsó la oportunidad de su territorio.
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