Una nueva versión de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales contiene disposiciones éticas más estrictas que prohibirían de manera más explícita al presidente de Estados Unidos y a otros altos funcionarios gubernamentales emitir un activo digital, patrocinar un activo digital o, de otro modo, "mantener un interés financiero significativo", salvo bajo ciertas condiciones.
El nuevo borrador de la Ley de Claridad, publicado públicamente a principios del lunes, contiene el lenguaje más reciente — y posiblemente final — antes de una votación clave el martes. Este lenguaje incluye la obligación de desinvertir intereses en criptomonedas y permite a los fiscales generales estatales presentar demandas para hacer cumplir la disposición ética. El texto es diferente de la última versión del proyecto de ley publicada el pasado jueves.
La disposición ética fue uno de los principales asuntos pendientes que impedían la aprobación del proyecto de ley. Esto no significa que el proyecto de ley tenga un camino fácil hacia convertirse en ley tras el supuesto acuerdo del presidente Donald Trump con la disposición ética. El proyecto de ley necesita 60 votos a favor durante la votación de clausura programada para el martes, y tanto demócratas como republicanos habían expresado previamente inquietudes sobre diversas disposiciones. En general, los demócratas estaban más preocupados por el lenguaje previo de la disposición ética, mientras que un pequeño grupo de republicanos se centraba en el lenguaje relacionado con el rendimiento y las recompensas de las stablecoins.
Si el proyecto de ley sobrevive a la votación de cierre de esta semana, continuará el proceso legislativo, pero habrá votaciones adicionales, incluida una votación final de aprobación. La Cámara de Representantes también deberá abordar el proyecto de ley cuando regrese de su receso después de las elecciones en noviembre.
La disposición ética también incluye sanciones civiles para el emisor y, en un cambio respecto al borrador anterior, permite a los fiscales generales estatales presentar demandas para hacerla cumplir. El nuevo proyecto de ley también elimina una disposición anterior de caducidad para la aplicación.
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