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Filipinas endurece reglas cripto y veta monedas de privacidad como Monero y Zcash

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Filipinas volvió a endurecer su postura frente al mercado de criptomonedas con nuevas directrices para la cotización de monedas y tokens. El cambio obliga a todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, o VASPs, con licencia a implementar procesos estrictos de diligencia debida y acreditación antes de ofrecer activos digitales a sus clientes.

La medida fue emitida por el Bangko Sentral ng Pilipinas, conocido como BSP, a través de un memorando firmado por la vicegobernadora Lyn Javier. Según el regulador, el objetivo es promover la estabilidad financiera y proteger el bienestar financiero de los clientes, asegurando que los servicios de activos virtuales se presten de forma segura, sólida y centrada en el consumidor.

El punto más sensible de la nueva circular es la prohibición a las criptomonedas que mejoran el anonimato, conocidas de forma común como monedas de privacidad. En la práctica, eso impide que los VASPs autorizados en Filipinas listen o den soporte a este tipo de activos.

La decisión impacta de forma directa a nombres conocidos del sector, como Monero y Zcash, mencionados en el debate público sobre estas tecnologías. Aunque sus defensores destacan la privacidad como un valor central en el ecosistema cripto, las autoridades filipinas parecen priorizar la trazabilidad y la supervisión.

El nuevo marco también exige monitoreo continuo sobre los activos ya listados. Eso implica que los exchanges deberán establecer umbrales claros que puedan activar suspensiones o retiros de cotización cuando surjan señales de deterioro o riesgo para los usuarios.

Qué cambia para exchanges y proveedores autorizados

Las nuevas reglas no se limitan a una revisión previa al listado. El BSP quiere que los VASPs mantengan vigilancia permanente sobre cada activo digital ofrecido al público, con criterios internos capaces de justificar una exclusión cuando cambien las condiciones del mercado o del emisor.

Entre los factores que pueden detonar una eliminación de lista aparecen la pérdida de liquidez y la insolvencia del emisor. También se incluyen la participación en escándalos o fraudes, la desvinculación, violaciones materiales de seguridad y divulgaciones engañosas.

Ese enfoque refuerza la idea de que listar un token no debe verse como una decisión estática. Para el regulador, la responsabilidad del intermediario continúa mientras el activo siga disponible para clientes minoristas dentro de la plataforma.

Alden Yburan, jefe de criptomonedas en GCash, respaldó la dirección general de las medidas. En declaraciones citadas por Decrypt, afirmó que la decisión era muy necesaria y que no se trataba de burocracia, sino del mínimo que cualquier plataforma responsable debería aplicar antes de listar un activo para usuarios minoristas.

Yburan agregó que estándares de cotización más fuertes conducirían a mejores productos. Su comentario refleja una visión que gana terreno entre actores regulados del sector, especialmente en mercados donde la adopción minorista crece con rapidez y los riesgos de exposición a activos débiles son mayores.

Sin embargo, el ejecutivo mostró una posición más ambivalente sobre la prohibición a las monedas de privacidad. Señaló que activos como Monero y Zcash existen por razones legítimas, porque la privacidad es un valor fundamental en las criptomonedas y permite transaccionar sin vigilancia.

Al mismo tiempo, sostuvo que Filipinas es un país con una fuerte cultura de remesas. Bajo esa lógica, dijo que el ecosistema no puede presentarse como una infraestructura financiera confiable mientras permite que activos que mejoran el anonimato circulen libremente.

El debate sobre privacidad y control financiero

La prohibición de monedas de privacidad revela una tensión clásica dentro de la industria cripto. Por un lado, existe una defensa técnica y filosófica de la privacidad financiera; por otro, los reguladores suelen asociar el anonimato reforzado con mayores dificultades para prevenir lavado de dinero y otros abusos.

En el caso filipino, esa tensión tiene un peso adicional por el rol de las remesas en la economía. Los flujos transfronterizos son un punto clave para millones de usuarios, de modo que las autoridades parecen inclinadas a reforzar la confianza institucional antes que ampliar el rango de activos disponibles.

El memorando del BSP no entra en una discusión ideológica sobre la privacidad. Su foco está en la protección del consumidor, la estabilidad del sistema y la obligación de que los servicios de activos virtuales funcionen bajo parámetros compatibles con un ecosistema financiero supervisado.

Eso no significa que la discusión quede cerrada. Las monedas de privacidad siguen teniendo defensores dentro de la comunidad cripto, que argumentan que la transparencia total no siempre es deseable y que la posibilidad de transaccionar sin vigilancia forma parte del diseño original de muchas redes descentralizadas.

Pero, al menos por ahora, la política oficial de Filipinas se mueve en sentido contrario. El mensaje del BSP es que la expansión del mercado deberá darse con filtros más estrictos, incluso si eso reduce la oferta de ciertos activos para el público local.

Dos reguladores, dos marcos y una carga mayor de cumplimiento

Las reglas del BSP se insertan en una arquitectura regulatoria ya compleja. En Filipinas, las empresas del sector cripto responden a dos autoridades separadas, cada una con competencias distintas y con exigencias que deben cumplirse de forma independiente.

La Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, supervisa a los proveedores de servicios de activos criptográficos desde el ángulo de valores. El BSP, por su parte, licencia a los VASPs en lo relativo a pagos y vías de transacción.

Eso significa que una misma empresa puede quedar obligada a responder de manera paralela ante ambos reguladores. El propio memorando advierte que, si un token se ofrece como un valor, la plataforma podría tener que cumplir también con las Reglas y Guías CASP de la SEC.

Ese segundo marco ya se había endurecido antes. En junio del año pasado, la SEC promulgó el Memorando Circular N.º 5, que obliga a los proveedores de servicios de activos criptográficos a registrarse localmente y a mantener un capital pagado de USD $1.800.000, equivalente a ₱ 100.000.000.

La misma normativa exige almacenar los datos de clientes dentro del país. Además, ordena reportes tanto a la SEC como al Consejo Anti-Lavado de Dinero, ampliando la trazabilidad operativa y documental de los actores regulados.

La presión se hizo más visible en agosto, cuando la comisión cortó el acceso a 10 plataformas offshore. Entre ellas figuraban OKX, Bybit, Kraken y KuCoin, una señal de que las autoridades no solo buscan nuevas reglas, sino también aplicarlas contra operadores sin ajuste local.

Luis Buenaventura, presidente del Consejo de Blockchain de Filipinas, había dicho anteriormente que las reglas de la SEC crearon una ventaja competitiva para los jugadores autorizados. También sostuvo que la ofensiva más amplia empujará de forma gradual a los usuarios hacia servicios en cumplimiento.

Alta adopción, presión política y el caso Binance

El giro regulatorio ocurre en un mercado que no es marginal dentro del mapa global. Filipinas ocupa el noveno lugar mundial en el Índice de Adopción de Criptomonedas Global 2025 de Chainalysis, dentro de un bloque de Asia-Pacífico que creció 69% interanual para liderar la adopción de base.

Ese dato ayuda a entender por qué el diseño regulatorio importa tanto en el país. No se trata solo de fijar reglas para una actividad emergente, sino de intervenir en un ecosistema que ya mueve usuarios, remesas, plataformas y una competencia creciente entre actores locales y extranjeros.

En paralelo, los legisladores filipinos empujan otra ruta de modernización institucional. Entre las iniciativas bajo consideración aparece el Proyecto de Ley del Senado 1330, que busca colocar el presupuesto nacional en la cadena de bloques tras protestas masivas por cerca de USD $9.200.000.000 en gastos de obras públicas señalados.

Así, el país combina una mirada más restrictiva sobre ciertos activos con un interés político en aprovechar la transparencia de blockchain para la gestión pública. Ese contraste muestra que la discusión local no es anti cripto en bloque, sino selectiva según el uso, el riesgo y la capacidad de supervisión.

Dentro de ese contexto también resalta el caso de Binance. El exchange global intenta volver a Filipinas a través de su socio local BlockShoals Technologies Inc., que recibió una aprobación inicial de la SEC en noviembre bajo el sandbox regulatorio StratBox, según reportó el medio local BitPinas.

Pero el BSP fue claro al indicar que ni Binance ni BlockShoals cuentan con licencia de VASP. Además, precisó que participar en el sandbox no sustituye la licencia del banco central, cerrando una posible interpretación flexible sobre el alcance de esa aprobación preliminar.

La SEC también ajustó su lenguaje sobre Binance. Desde entonces, dejó de describirla como un VASP global y pasó a clasificarla como un proveedor global de servicios de activos criptográficos.

Bajo ese esquema, BlockShoals debe integrarse con un VASP doméstico autorizado dentro de 90 días antes de incorporar usuarios mediante la infraestructura de Binance. La exigencia refuerza la idea de que cualquier regreso al mercado filipino tendrá que pasar por actores licenciados y por una coordinación estricta entre ambos reguladores.

En conjunto, las nuevas normas del BSP elevan el estándar para operar en uno de los mercados cripto más activos de Asia. Para las plataformas reguladas, eso puede traducirse en mayor legitimidad y barreras frente a competidores no autorizados, aunque también implica más costos de cumplimiento y menos espacio para activos orientados a la privacidad.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

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