Los contribuyentes en Venezuela se encuentran en la recta final para cumplir con sus obligaciones tributarias correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Según el calendario establecido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el próximo 31 de marzo vence el plazo para declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), un proceso que pone énfasis en la obligatoriedad de reportar las ganancias obtenidas a través de operaciones con bitcoin (BTC) y otros activos digitales.
De acuerdo con la normativa vigente en Venezuela, hay parámetros claros sobre quiénes deben cumplir con este deber. Cualquier persona natural que haya residido en el territorio nacional por más de 183 días durante el año pasado y haya generado ingresos superiores a un promedio mensual de entre 30 y 40 USD Tether (USDT) ya se encuentra bajo la obligatoriedad de presentar su declaración de impuestos.
El proceso para declarar las rentas obtenidas por la venta de bitcoin y otros activos digitales en Venezuela se realiza íntegramente de forma electrónica a través del portal oficial del Seniat. Los contribuyentes deben ingresar al sistema con su usuario y clave, seleccionar la opción de declaración definitiva de ISLR y completar el cuestionario correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
El documento técnico principal que se genera tras este registro es el Formulario DPN 25 para personas naturales, mostrado a continuación. Allí es donde se consolidan los ingresos por concepto de enajenación de activos digitales como rentas territoriales, diferenciándolos de los salarios u honorarios profesionales convencionales.
Para completar este formulario, es fundamental contar con un registro detallado que incluya la fecha de adquisición, el valor de mercado inicial y el valor final percibido al momento de la venta o intercambio del activo digital. Una vez procesada la información y emitido el Formulario DPN 25, el sistema permite a los ciudadanos fraccionar el pago del impuesto en hasta tres porciones iguales.
La primera cuota debe cancelarse obligatoriamente antes del 31 de marzo, mientras que las dos restantes cuentan con plazos adicionales de 20 y 40 días, pudiendo efectuarse el pago en línea a través de la banca nacional vinculada al portal fiscal o en taquillas autorizadas.
Omitir estos ingresos puede acarrear sanciones administrativas y complicaciones en la operatividad con la banca nacional debido a la falta de trazabilidad y justificación de fondos. Por ejemplo, la omisión de ingresos en la declaración definitiva del ISLR se considera una defraudación o una declaración incompleta que acarrea multas que pueden oscilar entre el 100% y el 300% del tributo omitido, además del pago de intereses moratorios, de acuerdo con el Código Orgánico Tributario (COT).
En casos donde se determine dolo o intención de ocultar información de manera sistemática, las sanciones pueden escalar a medidas restrictivas de la libertad, aunque en la práctica administrativa suelen resolverse mediante reparos fiscales y multas pecuniarias.
Sobre este cumplimiento, Jan Domínguez, CEO y fundador de la herramienta tecnológica Cointable, destaca en un comunicado de prensa enviado a CriptoNoticias que la forma más efectiva de mitigar riesgos legales es generar una contabilidad que incorpore formalmente estas ganancias.
Según el contador público, el desconocimiento de la norma no exime al ciudadano de su responsabilidad fiscal, especialmente cuando se opera en plataformas internacionales que, aunque no estén bajo la supervisión directa de los entes locales, generan movimientos financieros que deben ser declarados para ofrecer transparencia ante los reguladores.
El proceso de formalización implica consolidar todas las operaciones realizadas durante el año, independientemente de si se efectuaron en casas de cambio nacionales o en plataformas globales. El uso de reportes contables automáticos permite a los usuarios y a sus contadores transformar el historial de transacciones en información base para una declaración profesional.
De esta manera, se busca que la comunidad de usuarios de bitcoin y los comerciantes P2P abandonen la improvisación y adopten una cultura de cumplimiento financiero. En un entorno donde la fiscalización de los activos digitales es cada vez más rigurosa, la transparencia podría convertirse en la única vía para garantizar la seguridad jurídica de los tenedores en Venezuela.
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