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Estados Unidos busca reforzar su ofensiva contra las estafas en el ecosistema de las criptomonedas con una iniciativa que podría destinar 150 millones de dólares a fortalecer las labores de investigación y vigilancia financiera, la medida forma parte de la ley Clarity.
La senadora estadounidense, Cynthia Lummis aseguró que esos recursos permitirían ampliar la capacidad de las autoridades para perseguir a estafadores y organizaciones criminales que operan con criptomonedas. En particular, el financiamiento estaría orientado a fortalecer a FinCEN, la oficina del Departamento del Tesoro encargada de monitorear operaciones financieras sospechosas y combatir delitos como el lavado de dinero.
La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por el aumento del fraude relacionado con activos digitales. De acuerdo con cifras del FBI, los ciudadanos estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 9.300 millones de dólares por delitos cibernéticos vinculados con criptomonedas durante 2024. Los adultos mayores fueron uno de los grupos más afectados, acumulando miles de millones de dólares en pérdidas derivadas de distintos tipos de engaños en línea.
Según los promotores de la iniciativa, el dinero adicional serviría para ampliar los programas contra el lavado de activos, mejorar el análisis de transacciones en la red y procesar con mayor eficacia los reportes de actividades sospechosas provenientes de plataformas de intercambio de criptomonedas. También se contempla un programa piloto que facilitaría el intercambio de información sobre amenazas entre empresas del sector y las autoridades federales.
Otro de los puntos destacados de la Ley Clarity es el endurecimiento de las normas aplicables a los cajeros automáticos y quioscos de criptomonedas, considerados por los reguladores como una vía cada vez más utilizada por los delincuentes para cometer fraudes. Solo durante la primera mitad de 2024, las pérdidas asociadas a este tipo de dispositivos superaron los 65 millones de dólares, y cerca del 71 % de los casos afectó a personas mayores de 60 años.
La iniciativa también permitiría que los operadores de estos servicios suspendan temporalmente transacciones consideradas sospechosas cuando exista una solicitud de las fuerzas del orden, con el objetivo de evitar que las víctimas completen operaciones fraudulentas antes de que sea demasiado tarde.
Las controversias que rodean la iniciativa
El proyecto no está exento de críticas. Aunque sus defensores sostienen que representa un paso importante para proteger a los consumidores y reducir los delitos financieros en el mercado, algunos legisladores consideran que el marco regulatorio aún presenta vacíos que podrían ser aprovechados para actividades ilícitas. Entre ellos se encuentra la senadora Elizabeth Warren, quien ha advertido que la propuesta podría no ser suficiente para cerrar todas las puertas al financiamiento ilegal.
Además, existe otra incógnita: la asignación específica de 150 millones de dólares ha sido mencionada en materiales de promoción de los partidarios de la ley, pero no figura de forma explícita en los documentos informativos oficiales del comité que analiza el proyecto, lo que ha alimentado preguntas sobre cómo quedará finalmente el texto.
Por otro lado, si bien una mayor capacidad para rastrear operaciones podría dificultar las actividades de estafadores, un mayor fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia podría traducirse en un mayor escrutinio sobre las transacciones de usuarios legítimos.
La ley Clarity se prepara para su discusión en el pleno. El resultado de ese debate definirá no solo el futuro de esta financiación adicional, sino también el rumbo de la estrategia de Estados Unidos para regular el mercado de criptomonedas y combatir el creciente fraude digital.
diariobitcoin.com
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