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Durante la última semana de mayo, Bolivia vivió una intensa sacudida en su tipo de cambio paralelo, impulsada por la prohibición del Gobierno a la empresa estatal YPFB de operar con criptomonedas.
El USDT (Tether), un criptoactivo que ha funcionado como referencia no oficial del dólar en el mercado informal, cayó bruscamente tras el anuncio presidencial, generando un fuerte impacto en la percepción sobre la estabilidad cambiaria del país.
Bolivia restringe uso de criptomonedas y enfrenta volatilidad en su tipo de cambio paralelo
La cotización del USDT había alcanzado un techo de 17,98 bolivianos el 23 de mayo, en un contexto de escasez de divisas físicas y trabas legislativas para nuevos créditos internacionales.
Sin embargo, tras conocerse la decisión de frenar cualquier posible vinculación de YPFB con operaciones en criptoactivos, el precio cayó más de 4 bolivianos en menos de 24 horas. Durante la madrugada del sábado, el valor llegó incluso a tocar los 13,40 bolivianos, según reportes oficiales. Posteriormente, volvió a estabilizarse alrededor de los 16,60 bolivianos, aún por debajo del valor promedio previo a la intervención.
Para el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, esta reacción evidencia un fenómeno especulativo que el Gobierno logró frenar con una acción firme.
“El USDT estaba siendo manipulado por ciertos operadores digitales que elevaban artificialmente su precio, lo que generaba una percepción distorsionada del tipo de cambio real”, declaró durante una conferencia de prensa.
Añadió que las plataformas donde se comercia USDT manejan volúmenes de entre 6 y 7 millones de dólares semanales, muy por debajo de las necesidades operativas de YPFB, que requiere entre 40 y 50 millones semanales. “Es técnica y operativamente inviable que esa empresa opere por esos canales”, sentenció.
El tipo de cambio en Bolivia sufre sacudida tras veto estatal al uso de criptomonedas
A pesar de las declaraciones gubernamentales, la narrativa sobre una posible intervención estatal mediante compra de criptoactivos ha sido difícil de desmontar del todo.
El diputado nacional José Luis Porcel sostuvo que las autoridades sí utilizaron criptomonedas para facilitar la importación de diésel y gasolina, y que ello generó una escalada en el tipo de cambio paralelo. En su opinión, el Gobierno perdió el control de la economía y ahora intenta revertir los efectos con medidas no estructurales.
Desde el Ministerio de Economía se insistió en que la estatal petrolera no ha adquirido ni un solo USDT, y que la prohibición responde a la necesidad de eliminar cualquier argumento que vincule al Estado con la volatilidad en el mercado informal. Además, se anunciaron otras políticas para fortalecer la disponibilidad de divisas, como el aumento del límite de ingreso de efectivo de 10.000 a 50.000 dólares, y la ampliación del umbral del programa de ahorro.
El trasfondo de esta crisis está en la escasez persistente de dólares en el sistema financiero formal, acentuada por la negativa del Legislativo a aprobar créditos externos. Esta situación empujó a muchos operadores a buscar alternativas en plataformas digitales, trasladando su cotización al mercado paralelo e incorporando herramientas como USDT como referencia para transacciones y ahorro.
A medida que el Gobierno busca cortar de raíz estas dinámicas especulativas, el caso revela la creciente intersección entre criptoactivos, política monetaria y economía real. Bolivia se suma así a una lista de países latinoamericanos que enfrentan el dilema de regular sin sofocar un fenómeno que, en muchos casos, ha llenado vacíos dejados por sistemas financieros formales desbordados o estancados.